¿Qué acciones puede tomar el Estado ribereño contra un buque extranjero que ha contaminado sus espacios acuáticos?

Por: Argenis J. Rodríguez Gómez/Enero 2021.

Es indudable que los Estados con litoral, son privilegiados ya que pueden aprovechar los recursos ubicados en su mar territorial, zona económica exclusiva y plataforma continental para potenciar el desarrollo de sus economías. Sin embargo, estos derechos de exploración y explotación de recursos se ven en peligro cuando ocurre un caso grave de contaminación en los mencionados espacios acuáticos.

Frente a casos de contaminación del mar territorial y aguas interiores por parte de un buque de bandera extranjera, el Estado tiene plena soberanía para prevenir y sancionar estos actos. Ahora, cuando existen sucesos de contaminación en la zona económica exclusiva (ZEE) las facultades del Estado ribereño no son tan amplias. Recordemos que la ZEE es un área especial en que el Estado ejerce derechos de soberanía y jurisdicción; es decir, solo puede realizar en esta zona lo que el derecho internacional le permite.

Los Estados tienen el deber de dictar leyes y reglamentos para prevenir, reducir y controlar la contaminación del medio marino procedente de: fuentes terrestres, islas artificiales, estructuras, actividades relativas a los fondos marinos, vertimiento y buques; siendo necesario que estas regulaciones estén en sintonía con las reglas y estándares internacionales generalmente aceptados en la materia (Arts. 207, 208, 210, 211 CONVEMAR).

La jurisdicción del Estado ribereño en la zona económica exclusiva comprende, entre otras cosas, la protección y preservación del medio marino (Art. 56, párrafo 1, lit. b). Esto le permite actuar contra buques que contaminen la zona económica exclusiva.

El Estado ribereño, en el ejercicio de sus derechos de soberanía para la exploración, explotación, conservación y administración de los recursos vivos de la zona económica exclusiva, podrá tomar las medidas que sean necesarias para garantizar el cumplimiento de las leyes y reglamentos dictados de conformidad con la Convención, incluidas la visita, la inspección, el apresamiento y la iniciación de procedimientos judiciales (Art. 73, párrafo 1).

Es importante aclarar que conforme al artículo 230 de la Convención, las infracciones, cometidas por buques extranjeros, que hayan causado daño o amenazado con causarlo en la zona económica exclusiva solo darán lugar a sanciones pecuniarias. Esto es ratificado por el artículo 73, párrafo 2 eiusdem: “Los buques apresados y sus tripulaciones serán liberados con prontitud, previa constitución de una fianza razonable u otra garantía”. La regla general es que la tripulación del buque contaminante no debe ser sometida a penas privativas de libertad.

En el Caso de Venezuela, la Ley Penal del Ambiente, en sus artículos 89, 91, 93 y 94, sanciona con prisión los actos de contaminación en el mar territorial y zona económica exclusiva. En otros países también se suele sancionar con pena de prisión al capitán y, en algunos casos, a los demás tripulantes. La criminalización de los tripulantes en casos de contaminación marina es un problema que se ha venido denunciando en la comunidad marítima; dado que en principio la contaminación por parte de buques extranjeros solo debería dar lugar a sanciones pecuniarias. No obstante, en casos mediáticos de contaminación marina, como el del Prestigie en España, el Estado suele buscar a alguien a quién culpar, y los tripulantes suelen ser una salida fácil para este fin. Aunque Venezuela quizás podría alegar que no es parte de la CONVEMAR para justificar la imposición de penas privativas de libertad a los tripulantes de buques.

Las medidas tomadas en contra de buques extranjeros deberán ser notificadas al Estado del pabellón (Art. 231).

Para finalizar, la CONVEMAR busca un equilibrio entre la protección del medio marino y la actividad de la navegación, al ordenar a los Estados Parte imponer a los buques extranjeros únicamente sanciones patrimoniales en caso de contaminación de la zona económica exclusiva y/o del mar territorial, salvo que este último sea objeto de un acto intencional y grave de contaminación. Una vez constituida fianza o garantía financiera en favor del buque extranjero, éste y su tripulación deberán ser liberados.

Para ampliar este contenido usted puede visitar:

https://derechomaritimovenezolano.wordpress.com

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