Dr. JULIO SANCHEZ-VEGAS
Abogado, Master (ACII) en Seguros Marítimos y Aéreos, Post-Grado en Derecho Marítimo.
Profesor Titular de las Cátedras de Seguros de Transporte Marítimo, Aéreo, Terrestre y del Contrato de Seguro.
Lo que está ocurriendo actualmente en el país, con relación a las aduanas, es un problema sistémico. No solo se trata de que el problema de los retrasos sea por Bolivariana de Puertos (Bolipuertos), ya que esta empresa puede ejecutar una acción y de igual manera los retrasos no se resuelven. El problema que tenemos con el Sistema Aduanero Automatizado (Sidunea), que colapsa varias veces, es que el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat) tomó una decisión al separar los servidores automáticos de la Guaira y Catia la Mar, y eso ha mejorado la estabilidad del sistema, pero esa acción no mejora los tiempos, ya que el problema es sistémico. Lo que ocurre con el retraso en los puertos es que intervienen muchos actores, se hacen reuniones y aun se siguen acumulando días, esta situación no se resuelve de un día para otro. Tampoco se resuelve con operativos, se podrían tomar acciones, pero este es un problema estructural el cual agrava el desabastecimiento.
Este tema está sustentado en la Ley Orgánica de Aduanas, en su Artículo 30, donde se señala lo referente a la Declaración de la mercancía y los días en que dicha Declaración debe tener objeto. El Artículo 32, estipula lo relativo a la Declaración de otra Persona, la cual debe ser designada por el Consignatario. El Artículo 33, de la Aceptación de la Consignación y lo referente al Abandono Legal en su Artículo 66 de la citada ley.
Esta situación afecta a todos los venezolanos, puesto que el tiempo que la mercancía pasa en los puertos tiene un costo que pagamos todos. Por otra parte, el mapa logístico en el país se ha complicado de tal manera que las responsabilidades caen en todos los actores, tanto del sector público como el privado. Esta complicación conlleva a que los tiempos en los puertos se hayan ido incrementando, hasta el punto en que el promedio de tiempo que pasa una mercancía en el proceso está entre 15 y 20 días, pero también hasta más de dos (2) meses.
La capacidad de los puertos también se han visto rebasadas, y como ejemplo, está el caso del puerto de Puerto Cabello, actualmente este puerto tiene una capacidad para recibir 46 mil contenedores y actualmente está recibiendo 56 mil, lo que significa que está operando con 21% por encima de su capacidad. Cuando se tiene muchas cargas, eso congestiona de alguna manera el puerto, porque ese buque ocupa un espacio y eso va sumando días. Ante esta situación, existe la capacidad de hacer estudios previos que indique a las autoridades la cantidad necesaria de equipos. Todavía a estas alturas existe mucha improvisación.
En el caso del Seniat, el Estado cuenta con un sistema de aduanas automatizado que pareciera no ser suficiente, para el numero de transacciones que se hacen y que, además, ha tenido inestabilidades, por la propia estructura del país, lo que también hace que vayan sumando los días. Por otro lado, la Comisión de Administración de Divisas (Cadivi), que quiere inspeccionar 100% de las cargas dentro del puerto y este organismo no cuentan con el suficiente personal para verificarlas. También el Resguardo Aduanero, el Comando Antidrogas, el Instituto de Salud Agrícola (Insai) que igualmente hacen inspecciones. En definitiva, contamos con tantas autoridades gubernamentales que efectúan inspecciones y cada una con un procedimiento distinto y que realizan separadamente su trabajo hacen que los días transcurran
También existe un déficit de la oferta en el transporte de carga que además ya muestra signos de obsolescencia, puesto que antes una gandola hacia dos (2) viajes diarios a Puerto Cabellos y Valencia, ahora hace dos (2) viajes a la semana y pueden pasar entre seis y ocho días para despachar la carga. A esto le sumamos la infraestructura vial y la inseguridad. Cada hora que tarda ese transportista lo cobra. Todo va sumado y esto es inaceptable en un país que tiene un sistema aduanero automatizado, lo que se traduce en el encarecimiento del producto.
Uno de los graves problemas que se está presentando en las aduanas es la gran cantidad de contenedores con mercancías abandonadas. Según declaraciones de organismos gubernamentales se han detectado más de 12.500 contenedores en estado de abandono legal y más de 23.000 cargas sueltas. En el caso de Puerto Cabello, pasan los 6.600 contenedores, de los cuales se ha determinado que 59% son del Gobierno Nacional, es decir, unos 3900 contenedores. Las autoridades no han tomado previsiones, puesto la Ley establece 10 días para declarar abandono legal este tipo de productos y ordenar su distribución.
En febrero de 2008 el Artículo 67 de la Ley Orgánica de Aduanas fue modificado para revisar el sistema de remate y adjudicación de mercancías, y se creó la “Comisión Presidencial para la Disposición Final de los Bienes Legalmente Abandonados”, que decide de acuerdo al interés nacional y la naturaleza de las mismas, si tales mercancías serían objeto de remate o son adjudicadas al Ejecutivo Nacional, o simplemente destruidas. Por la falta de la Comisión Presidencial, no se procedió de manera inmediata en: 1) Autorizar la nacionalización de la mercancía respecto de la cual los importadores privados han manifestado su voluntad; 2) Autorizar el remate de las mercancías; 3) Adjudicar al estado las mercancías; 4) Autorizar la destrucción de las mercancías perecederas deterioradas por diversas causas.
En definitiva, requerimos sistemas más eficaces para evitar estas situaciones, para que no se sigan perdiendo alimentos perecederos y bienes de toda índole
Fuente: http://issuu.com/marcofuentes0/docs/rev._maritima_edic_3
Revista Marítima & Portuaria 